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Puede que alguna vez hayas oído en la televisión o hayas leído en un periódico que alguna empresa desafortunada ha entrado en concurso de acreedores. Probablemente, te hagas ya una idea de que estar en concurso de acreedores no significa nada positivo para ningún empresario.
Un concurso de acreedores es un procedimiento judicial aplicable en el caso de que una empresa sea insolvente, es decir, que no puede pagar sus deudas a sus acreedores. Como es lógico, entrar en concurso de acreedores es un hecho muy negativo para un empresario, especialmente si este arriesga su patrimonio personal. De hecho, suele ser terminal a nivel empresarial.
La rama del derecho que cubre la práctica de los procedimientos legales relativos a los concursos de acreedores y las liquidaciones se llama derecho concursal. Esta se encuadra dentro del derecho mercantil junto a otras ramas hermanas como el derecho bancario, el derecho societario o el derecho cambiario.
Así pues, el derecho concursal tiene dos fines contrapuestos:
Es por ello que el objetivo común de estos dos fines del derecho concursal es encontrar un equilibrio entre el concursado, los acreedores y las deudas existentes.
Descubrir si una empresa está en suspensión de pagos está a golpe de clic. Es tan simple como echarle un vistazo al BOE o al registro público concursal.
Una vez una empresa queda oficialmente en concurso de acreedores, el Boletín Oficial del Estado está obligado a declararlo públicamente en sus páginas.
Por su parte, el sitio web del registro público concursal ofrece una base de datos en las que cualquiera puede navegar y buscar el estado de posible concurso de acreedores de cualquier empresa del ámbito nacional.
El concurso de acreedores comienza cuando el empresario presenta la declaración del concurso en el órgano jurídico que le corresponda. Si el empresario está registrado como persona jurídica no empresarial, se dirigirá a los juzgados de primera instancia. Si se trata de una persona jurídica empresarial, la competencia recae en los juzgados de lo mercantil.
Esta presentación de la declaración de concurso de acreedores puede darse de dos formas:
Una vez la declaración quede procesada y admitida, se publicará en el Boletín Oficial del Estado. A continuación, los acreedores deberán registrar las deudas pendientes de pago.
El juez nombrará a un administrador concursal con la formación y experiencia necesaria para llevar a cabo el concurso de acreedores. Este deberá redactar informes sobre el balance económico de la empresa, las masas pasiva y activa (incluyendo los créditos contra la masa) y sus deudas. A su vez, este administrador concursal calificará el pago de las deudas a los acreedores según su prioridad.
En esta etapa del concurso de acreedores, ambas partes, empresario y acreedores, deberán presentar sus propuestas para subsanar la deuda. El abogado concursal procurará que lleguen a un acuerdo que no incurra en el cese total de la empresa, con el fin de que el empresario pueda seguir desarrollando su actividad económica.
Estas propuestas pueden ser de quita o espera. En otras palabras, el empresario puede sugerir una reducción de hasta un 50% de la deuda contraída, o bien solicitar un plazo de hasta 5 años más para pagarla.
Si transcurre el plazo dictaminado por el juez para presentar un convenio común y no se ha llegado a un acuerdo, la empresa entrará en liquidación. Dicho de otra manera, el empresario tendrá que sacrificar su patrimonio empresarial —y en ocasiones el personal— para pagar sus deudas.
Con este fin, el juez designará a un liquidador para que lleve a cabo la repartición de los bienes de la empresa. Además, si el juez declara que el concursado es culpable y único responsable de su propia insolvencia, le puede imponer una sanción que también deberá abonar.
Por norma general, la gran mayoría de empresas que entran en concurso de acreedores suelen saltarse la fase de convenio. Esto se debe a que los empresarios saben que después del concurso no podrán o no querrán continuar su actividad económica.
¿Has estudiado la carrera de Derecho y estás planteándote especializarte en una rama del derecho mercantil? El derecho concursal te permitirá ofrecer asesoramiento legal a empresarios y acreedores cuando lo necesiten en un concurso de acreedores. Según el portal de empleo Glassdoor, el salario medio de un abogado concursal en España es de 55.000 €. Vale la pena el esfuerzo, ¿no?
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